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Servicio

Revisión municipal y normativa

Verificamos en la Dirección de Obras Municipales que lo construido tenga permiso y recepción final, y qué permite la normativa en ese terreno.

Qué revisamos

  • Permiso de edificación y recepción final de lo construido.
  • Que las ampliaciones estén regularizadas.
  • Certificado de Informaciones Previas (CIP) y los usos que permite el plan regulador.
  • Certificado de no expropiación y afectación a utilidad pública.
  • Zonas de riesgo, zonas típicas, inmuebles de conservación histórica o monumentos.
  • Límites de altura, densidad o constructibilidad, y cambios en trámite del plan regulador.
  • La cabida, si compra un terreno para construir.

Riesgos que detecta

  • Ampliaciones sin permiso que impiden un crédito hipotecario, generan multas u obligan a regularizar o demoler.
  • Falta de recepción final, que dificulta financiar, asegurar o vender la propiedad, y en locales comerciales puede impedir la patente.
  • Terreno afecto a utilidad pública, por ejemplo por el ensanche de una calle o una obra vial planificada.
  • Uso de suelo que no permite la actividad que usted planea (comercio, oficina, industria).
  • Un precio que supone un proyecto que la norma no permite.

Ejemplo: una casa con ampliaciones sin permiso

Es uno de los hallazgos más comunes. Una ampliación no regularizada puede impedir un crédito hipotecario, generar multas y obligar a regularizar o demoler. Le indicamos si es regularizable, cuánto costaría aproximadamente y cómo considerarlo en el precio.

Si compra un terreno para construir

Analizamos la cabida: cuánto y qué se puede construir según la normativa vigente. Un terreno bien ubicado vale por lo que realmente permite desarrollar; si el precio supone un proyecto que la norma no permite, el riesgo es alto. Por eso aplicamos el criterio de “mayor y mejor uso”: el potencial por el que usted paga debe ser legalmente permitido, físicamente posible y financieramente viable.

Qué necesitamos de usted

  • Dirección y rol de la propiedad.
  • Planos, permisos o certificados municipales que le haya entregado el vendedor, si los tiene.

Qué recibe

Un informe con la situación municipal y normativa de la propiedad y, si hay ampliaciones sin permiso, si son regularizables, cuánto costaría aproximadamente y cómo considerarlo en el precio.

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Preguntas frecuentes

¿Qué se revisa en la municipalidad?

En la Dirección de Obras Municipales (DOM) verificamos que lo construido tenga permiso de edificación y recepción final, y que las ampliaciones estén regularizadas. También revisamos el Certificado de Informaciones Previas (CIP), que indica qué se puede construir y qué usos permite el plan regulador en ese terreno.

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¿Qué pasa si la casa tiene ampliaciones sin permiso?

Es uno de los hallazgos más comunes. Una ampliación no regularizada puede impedir un crédito hipotecario, generar multas y obligar a regularizar o demoler. Le indicamos si es regularizable, cuánto costaría aproximadamente y cómo considerarlo en el precio.

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¿Por qué importa la recepción final?

Porque acredita que la obra se construyó según el permiso. Sin recepción final, la propiedad puede tener problemas para financiarse, asegurarse o venderse más adelante, y en locales comerciales puede impedir obtener patente.

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¿Revisan si la propiedad puede ser expropiada?

Sí. Pedimos el certificado de no expropiación y revisamos si el terreno está afecto a utilidad pública, por ejemplo por el ensanche de una calle o una obra vial planificada.

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¿Qué otras restricciones normativas pueden aparecer?
  • Zonas de riesgo (inundación, remoción en masa, quebradas).
  • Zonas típicas, inmuebles de conservación histórica o monumentos.
  • Uso de suelo que no permite la actividad que usted planea (comercio, oficina, industria).
  • Límites de altura, densidad o constructibilidad.
  • Cambios en trámite del plan regulador.
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Quiero comprar un terreno para construir, ¿qué más revisan?

Analizamos la cabida: cuánto y qué se puede construir según la normativa vigente. Un terreno bien ubicado vale por lo que realmente permite desarrollar; si el precio supone un proyecto que la norma no permite, el riesgo es alto. Por eso aplicamos el criterio de "mayor y mejor uso": el potencial por el que usted paga debe ser legalmente permitido, físicamente posible y financieramente viable.

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